Para introducir el tema deberíamos hacernos dos
preguntas: ¿qué se entiende por trabajo decente? ¿Podemos afirmar que el
trabajo en España tiene esas características?
A la primera contestaríamos que estamos hablando
de un trabajo estable y con derechos.
No cabe duda de que la estabilidad del trabajo
puede tener dificultades en algunos sectores: hostelería en periodo vacacional,
trabajo en el campo según temporada, helados en verano o polvorones en
invierno,…, pero para dar estabilidad ya se inventó el trabajo
fijo-discontinuo.
Lo que se va olvidando es el concepto de
causalidad en el empleo: será el tipo de trabajo a desarrollar el que determine
las características de la contratación.
Lo que se produce es lo contrario: la utilización
de las múltiples modalidades de trabajo temporal que permite la legislación
española ha conllevado el abuso de esas modalidades de contratación de manera
que más del 80% de los contratos que se realizan en España se hacen en base a
alguna de ellas: lo que debería ser excepcional se ha convertido en norma.
Derechos que, con la ley en la mano, refuerzan
esa dignidad, y que abarcan desde un salario razonable por una jornada
–teóricamente 40 horas semanales como máximo- en unas condiciones de seguridad
exigibles por ley.
Sin embargo, si analizamos la realidad española
veremos que los salarios que se pagan son inferiores a los que marcan el
convenio, las jornadas se prolongan interminablemente y las medidas de
prevención se obvian con la frase sempiterna: el trabajo hay que sacarlo sea
como sea.
Tenemos la mejor legislación en prevención de la Unión Europea y
somos el país con mayor accidentabilidad.
Indudablemente, siempre se puede denunciar.
Pero eso es complicado en un país en el que
existe un abundante ejército de reserva, con millones de trabajadores en
situación de desempleo dispuestos a realizar ese trabajo en condiciones
ínfimas, y con una legislación que permite el despido libre.
¿Libre? Bueno, no del todo. El problema es que
los empresarios dicen que les resulta caro. Y eso que en los últimos años se ha
abaratado desde los 45 días a los 20 por año trabajado en la mayoría de los
casos.
Quizás la mayoría desconozcamos que si un juez de
lo social determina que el despido es improcedente, o sea que no procede,
corresponde el empresario decidir si readmite al trabajador que ha osado
denunciar o dejarlo en la calle con la indemnización que haya marcado el
magistrado.
¿Y la Inspección de trabajo? Existir, existe. Pero
llega a donde puede. Como dato podríamos apuntar que en países de nuestro entorno
la proporción de inspectores es de 5
a 1, en perjuicio de nuestro país.
¿Y los sindicatos? Poco puede hacer en un país en
el que la afiliación no llega al 20% de la población activa, y en la que muchas
de las posibles denuncias, especialmente las reclamaciones de cantidad, las
tiene que firmar el trabajador afectado.
Recuperar la dignidad, conocer nuestros derechos,
organizarnos en sindicatos de clase, aumentar la plantilla de inspectores de
trabajo, endurecer las penas para los empresarios incumplidores de la ley, derogar
la reforma laboral, son sólo alguno de los pasos que se deben dar en España
para que, efectivamente, vayamos avanzando en la consecución de ese trabajo
decente (digno) cuyo día se celebra el próximo día 6 y que, de hecho, está tan lejos de
conseguirse.
Domingo 7 de octubre. Hay que impedirlo ¡Movilízate!
¡Viva la República!
¡Viva la República!
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