La querella que se interpuso en Argentina el 14 de abril de 2010 para
investigar los crímenes cometidos por y durante la dictadura franquista
se fundamenta en el principio de justicia o jurisdicción universal. Este
principio jurídico se basa en la sencilla noción de que quienes cometen
crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad deben ser judicialmente
perseguidos, por los tribunales de cualquier país, cualquiera sea el
tiempo y lugar en que los hubieran perpetrado.
En aplicación del mismo actuaron en su día, y lo siguen haciendo, los
tribunales españoles respecto de crímenes contra la humanidad en
distintos lugares del mundo, entre ellos los cometidos por y durante la
dictadura argentina. Sus decisiones cumplieron un rol fundamental para
poner en evidencia la impunidad entonces reinante en Argentina y fueron
determinantes para darle fin.
Paradójicamente, y por razones de todos conocidas, cuando se trató de
investigar crímenes de igual tenor cometidos en España, por españoles
contra españoles, el Tribunal Supremo español no sólo procesó al juez
que pretendió hacerlo sino que ha decidido que dichos crímenes no deben
ser investigados penalmente y sus autores no pueden ser sometidos a la
justicia.
Asesinatos, torturas y desapariciones
 |
| Fusilados en Badajoz |
La dictadura franquista no sólo produjo con su alzamiento contra las instituciones elegidas democráticamente una Guerra Civil, motivo ya suficiente para procesar y juzgar a todos los que formaron parte de la misma mientras duró, sino que planificó el exterminio de todas aquellas personas y grupos políticos, sociales, culturales, etc., que se oponían a sus dictados y a su concepción de nación. Durante su largo reinado se aplicó en la represión y eliminación de todo tipo de disidencia a través de asesinatos, torturas y desapariciones. Legalizó la práctica del secuestro, apropiación y sustitución de menores de edad. Utilizó como fuerza de trabajo esclavo a miles de presos políticos. Provocó el exilio de cientos de miles de ciudadanos. Sus tribunales juzgaron y condenaron a decenas de miles de personas a penas de muerte o de larguísimos años de prisión.
Ninguna de las víctimas del franquismo en cambio ha recibido hasta hoy el amparo de la justicia.
La equiparación que se pretende desde algunos sectores entre quienes
se levantaron contra el orden democrático y quienes lo defendieron y el
deliberado intento de soslayar que, durante décadas, los primeros fueron
enaltecidos y los segundos perseguidos, juzgados y asesinados, es un
oprobio para la justicia española y para la justicia internacional.
Sin embargo, como ha ocurrido en otros procesos históricos en los que
la impunidad y el olvido parecían consolidados e inamovibles, la
protección de que disfrutan los criminales cesará finalmente.
La infamia de la impunidad
Y esto ha de garantizarlo el vasto y creciente movimiento social que no se resigna a la infamia de la impunidad. Ya ha logrado que se frustrara el propósito de olvido y silencio. Por doquier han ido surgiendo miles de personas y cientos de asociaciones que claman por verdad, justicia y reparación.
La querella argentina es hija de esta magnífica movilización social.
Lo llamativo no es que un tribunal de justicia de un país distinto a
aquel en que se cometieron los crímenes se interese por su
investigación y pretenda enjuiciar a sus responsables. Lo que perturba
es la pasividad de la comunidad internacional ante la clamorosa
impunidad de que gozan los autores y cómplices de uno de los mayores
genocidios cometidos en el siglo XX. Lo que debería asombrar no es que
exista una querella en marcha en Argentina, sino que a ella no se sumen
los juzgados y tribunales de otros países. Si otros se implicaran, ¡qué
distinto sería el futuro de justicia, y qué cercano!
Ha de ocurrir. Dentro y fuera de España se seguirán alzando voces e
iniciativas para poner fin al escarnio que constituye la impunidad de
los crímenes del franquismo.
| Las trece rosas |
La querella argentina es una de ellas. Ya se han sumado a la misma
más de cien querellantes y, a diario, son recibidas querellas y
denuncias de víctimas, represaliados y asociaciones. La jueza María
Servini de Cubría, a cargo de la misma, tras haber requerido de las
autoridades españoles para que le informen acerca de las investigaciones
judiciales en curso y haber recibido la falaz contestación de que éstas
se estaban realizando, resolvió pedir datos sobre distintos aspectos
del plan criminal, la localización de fosas comunes, el número de
personas desparecidas, los niños que fueron apropiados y privados de su
identidad, los responsables vivos de los crímenes cometidos, las
empresas estatales y privadas beneficiarios del trabajo esclavo, etc.
Nuevamente las autoridades españolas, a través de la Fiscalía General
del Estado, como era de esperar, negaron la información solicitada y
hasta tuvieron el inigualable cinismo de solicitarle que remitiera sus
actuaciones a España para ser incorporadas a supuestos expedientes
judiciales.
Estas medidas son apenas el comienzo del proceso. La próxima e
inmediata, prevista para el mes de septiembre, será el traslado de la
jueza a España para tomar declaraciones a aquellos que deseen prestarlas
y su participación en distintas actividades relacionadas con la causa.
Víctimas reparadas, criminales castigados
Para un futuro próximo, y en atención a la numerosa prueba ya colectada en el procedimiento y a la que cotidianamente se va incorporando, se prevé la imputación de numerosos represores vivos: ministros, jueces, asesinos, torturadores, etc., el librado de órdenes internacionales de detención contra los mismos a efectos de que sean aprehendidos donde se los encuentre y la solicitud de su extradición para ser juzgados en Argentina.
Cada avance que se produzca en el procedimiento permitirá que se
profundice en la investigación de la verdad, acercará y ensanchará el
camino de la justicia y agrietará, hasta romperlo, el muro de impunidad.
Si así ocurre, y ocurrirá, las víctimas serán reparadas y los
criminales recibirán el castigo que merecen en la medida que la justicia
humana puede hacerlo, se fortalecerá el principio fundamental para el
futuro de los seres humanos de que los responsables de crímenes contra
la humanidad no pueden ni deben quedar impunes y, también, se respirará
mejor en el mundo.
Carlos Slepoy Prada (abogado integrante del equipo jurídico que impulsa la querella argentina)
(fuente: El Plural)
No hay comentarios:
Publicar un comentario