El 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas; mala fecha, con media Humanidad intentando superar lo
del síndrome postvacacional. Y mala respuesta en general de la sociedad
española con ausencia general de tratamiento en medios informativos. De no ser
por la declaración del Gobierno, más dirigida a las desapariciones del Cono Sur
o “montañas y desiertos lejanos”, ni nos enteramos. Peor aún: de las
declaraciones internacionales sobre el tema se constata el presunto
desconocimiento del drama español; sólo se cuentan 42.000 casos cometidos en
lejanos y exóticos países.
Dice el Consejo de Ministros que es prioritario “prevenir y erradicar las
desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer
plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera
y plena”… Obviando nuestro estupor, nos congratulamos por estas palabras
animándoles a pasar al campo de los hechos en el país donde más de 150.000 españoles
desaparecieron, tirados por cunetas y barrancos y esperando esa política de
ayuda.
No es de recibo hacer estas declaraciones y seguir mirando hacia otro lado e
incluso obstaculizar las pocas exhumaciones que llevamos adelante las mismas
ONG y Entidades a las que también alaba la declaración gubernamental del 24 de
agosto. No queremos tanta alabanza; lo ideal es que no fuésemos necesarios
porque el mismo Estado que causó la tragedia, los mismos Ayuntamientos
cómplices de enterramientos clandestinos en sus cementerios (al igual que la Iglesia), por ley, se
hicieran responsables de resolver las desapariciones que entre todos consumaron
frente a los familiares que nunca dejaron de reclamar los restos.
Cruel ironía del destino que Josefa Celda vea iniciar en Paterna la
exhumación de su padre al día siguiente del Día Internacional dedicado a
personas como ella; más cruel aún es que Pedro Alcorisa ni siquiera haya tenido
esa suerte por tener a su padre aún desaparecido y secuestrado en el Cementerio
Civil de Valencia, donde Rita Barberá impide que este anciano recupere a la
víctima de un entierro clandestino, con la complicidad del mismo Ayuntamiento
que sigue negando la resolución.
Con todo, lo preocupante es la nula respuesta social, que evidencia, con la
que está cayendo, que el éxito total de aquel Plan de Mola está cercano si no
rompemos la indiferencia haciendo que las víctimas españolas también cuenten en
la estadística internacional, base para que les llegue la Justicia y Reparación que
también pide Naciones Unidas. Su muerte definitiva será el día en que ya no
cuenten ni en los periódicos ni en la conciencia de sus compatriotas; ese día
las campanas doblarán también por nuestra dignidad democrática y social.
Fuente: http://www.elplural.com
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