Como muchos otros españoles
recibí una invitación a participar en una protesta contra las actuaciones del
Gobierno, sustentado por el Parlamento legítimamente elegido. Esa noticia se
reiteró por la televisión, y en un programa de debate oí las opiniones políticas
que tenían los invitados. También oí en televisión algunos comentarios de
ministros y otros prebostes.
El asunto es interesante; se han
oído muchas necedades, pues de donde no hay no se puede sacar. Intentaré
aclarar algunos conceptos jurídicos de la legislación vigente. Mi ánimo, claro
está, defiende las libertades. Este gobierno y “sus periodistas”, ha dejado
claras sus intenciones, fruto de su indigestión de poder, por falta de laxante
democrático. Son como un gobernador civil de la dictadura que en su toma de
posesión dijo ¿o también amenazaba?: “tardo en obrar, pero cuando lo hago, lo
hago duro”. Por supuesto, le llamaron el estreñido.
Se trata, sin duda de medidas ilegales por su
desmesura. La fecha de la manifestación es 25-S. En consecuencia es irracional
que los alrededores del Congreso estén tomados por la Fuerza Pública. Y
están tomados por ellos, porque han dejado de ser lugares de libre tráfico para
los demás. De modo arbitrario, por excesivo, han limitado nuestro derecho a ir
por el país, que es un derecho constitucional. Eso no ocurría desde que murió
el dictador y golpista General Franco, el que nombró al rey que nos gobierna
porque “todo está atado y bien atado”.
Otra cuestión es la de si los ciudadanos
alteraremos o no el Orden Público. Éste es un concepto jurídico indeterminado.
Un Jefe de Policía me explicó en la Dirección General
de Seguridad, donde ahora ejerce la Sra. Aguirre, “si dos beatas se paran a la salida
de misa de 12 en la puerta principal de la catedral podemos considerar que
alteran el Orden Público porque, formalmente, lo altera”. Quizá haya un
fantasma deambulando por el edificio. Da la impresión de que se mantiene ese
espíritu, oídas ciertas declaraciones sobre Orden Público.
Si la “alteración del Orden Público” justificó la
paliza a los menores de edad en Valencia; si la “alteración del Orden Público”
justificó las multas a los que defendían la inocencia del juez Garzón, entonces
quizá es que es verdad “que todo está atado y bien atado”.
Eso justificaría aun más la manifestación del
25-S. Se trata de recuperar la democracia y “desatar lo que sigue atado” bajo
el mando del rey franquista travestido en parlamentario.
Manifestar desacuerdo con el Gobierno es un
derecho que hasta nuestra Constitución no democrática reconoce. No se pierde en
las elecciones. Los gobernantes demócratas lo saben. Para los no demócratas
las elecciones son un cheque en blanco que les entrega el pueblo con la
obligación implícita de comportarse a partir de entonces como infantes de
babero. Quieren que obedezcamos lo que decía: “come y calla”. ¡Aunque no
comamos! Eso es puro espíritu dictatorial de unos travestidos de demócratas.
Cambia la liturgia, pero “sus” dogmas continúan.
La verdad es que:
1.- Todo el mundo tiene derecho a expresarle
al Gobierno su desacuerdo.
2.- La
Ley de Orden Público sólo permite la represión si hay riesgos
para las personas o cosas.
3.- Las fuerzas de orden público no siempre tienen
comportamientos constitucionales.
4.- Sus agentes parecen ignorar que están a
nuestro servicio; ya no son esbirros del gobierno.
5.- Las órdenes inconstitucionales son delitos;
nadie, ¡menos un funcionario!, debe obedecerlas.
6.- Los funcionarios, los agentes de policía lo
son , han jurado respetar la constitución; no violarla.
7.- A la vista de los precedentes convienen
recordar tiempos pasados que no “eran mejores”.
8.- Un molinero en Prusia, que fue atropellado
por el Rey, dijo “todavía quedan jueces en Berlín”.
9.- Aquí más nos vale olvidarnos del Rey; de
quien lo nombró rey; y del juramento que juró cumplir.
A.J. Vázquez
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