La
crisis no aprieta por igual a todos los ministerios del Estado. Si bien es
cierto que el presupuesto del Ministerio de Defensa del ejercicio 2012
disminuye respecto al año 2011, no lo hace en la misma proporción que el resto
de ministerios. Si los presupuestos recogen que el ajuste es de un 16,9% de
promedio, el Ministerio de Defensa disminuye tan solo un 11%, y, desde luego a
mucha distancia de aquellos ministerios que mantienen el denominado “estado de
bienestar”, es decir, las políticas de gasto social, que sufren recortes en
proporciones mucho más altas. Así, Sanidad y Servicios Sociales disminuyen un
13,7% y Educación y Cultura un 21,2%. Del mismo modo se recortan los presupuestos
de aquellos otros ministerios que deberían ser los motores de la recuperación
económica, como Industria, Energía y Turismo que cae un 31,9%, Fomento, dónde
la obra pública retrocede un 18,4%, o las ayudas a la investigación en I+D que
retroceden un 25,6%.
Además,
el gasto militar se analiza teniendo en cuenta el criterio OTAN, siguiendo las
recomendaciones de este organismo militar al que España pertenece, y que
aconseja sumar todas aquellas partidas militares que están repartidas por otros
ministerios, gastos a los que cabe añadir los intereses de la deuda pública
proporcionales a Defensa. Su justificación se basa en que si una parte del alto
índice de endeudamiento del Estado es debido a las inversiones militares, es de
cajón incorporar los intereses de la deuda destinados al mantenimiento de las
fuerzas armadas. El resultado final es que las cifras superan en más del doble
la cuantía del Ministerio de Defensa, pasando de 7.411 a los 15.834 millones
de euros que suma el gasto militar inicial en 2012. El porcentaje de
disminución respecto al año pasado es del 6,95%, sensiblemente inferior al
anunciado por el Gobierno español.
Las inversiones en armas
Este
año 2012 se anuncia un drástico recorte en las inversiones en armamento, que
sufren una disminución de un 35% respecto a las del año 2011. En especial las
dirigidas a los Programas Especiales de Armamentos (PEAS). Unos grandes
proyectos de larga duración iniciados en los años 1995/96 y que, en algunos
casos, alargan su fabricación hasta el año 2025 (aviones Eurofighter, A400M,
helicópteros Tigre, blindados Leopardo, Pizarro, submarinos S-80, fragatas y
diversos buques de guerra) con unos costes que alcanzan hoy los 32.000 millones
de euros. Este año, según el propio Ministerio, existen unos compromisos de
pago por 1.862 millones de euros, a los que no podrá hacer frente, pues solo se
ha consignado la ridícula partida de 4,9 millones de euros, retrocediendo un
95% respecto al año anterior. El resto de las inversiones (707 millones de
euros) están dirigidas a la modernización de armamento y de los
avituallamientos necesarios de las ya existentes para que las fuerzas armadas
sean operativas (explosivos, proyectiles, misiles, comunicaciones, logística e
infraestructuras).
También
sufre un importante recorte la I+D
militar. Tanto la del Ministerio de Defensa, que disminuye un 14,3%, como la
que se entrega como créditos a las empresas militares desde el Ministerio de
Industria, que reduce su cuantía de forma considerable, un 24,4%. Estos últimos
recursos son los destinados a la realización de los mencionados PEAS. Unos
proyectos que se verán considerablemente afectados por los recortes, tanto en
ayudas en I+D como en pagos por su adquisición. Sin embargo, esto no se debe
interpretar como una disminución del gasto en su adquisición, sino todo lo
contrario. El no hacer frente a estos pagos durante 2012 representa atrasar las
entregas y refinanciar sus costes con las empresas y al final pagar más por
estas armas. Los PEAS tienen unos contratos blindados con las empresas que
obligan a Defensa a cumplir con su ejecución. Sabemos su coste inicial pero no
sabemos cual será su coste final. Unos proyectos que en 2012 volverán a recibir
en concepto de créditos en I+D por un monto total de 582,7 millones de euros.
Es decir, se asignan muy pocos recursos a la compra de esos armamentos, pero en
cambio se dedica el 11,8% del total de I+D del Estado a la investigación de
esas nuevas armas.
Los
créditos a la I+D
militar son percibidos por las empresas como ayudas, pues tras el transcurso de
los dieciséis años desde que se instauraron, todavía no han sido retornados.
Por una razón, porqué el Ministerio de Defensa -por falta de liquidez- ha
retrasado el pago de esas armas, con lo cual las empresas no han retornado los
créditos y han acumulado una enorme deuda (15.559 millones de euros). Un
problema que Defensa no sabe cómo resolver. No puede pagar a las industrias
militares sin incrementar los presupuestos de forma considerable, ya que ello
aumentaría el endeudamiento y el déficit del Estado. Otra posibilidad que
baraja el Ministerio es condonar las deudas en I+D de las empresas a cuenta del
pago de las armas, pero eso incrementaría también el déficit público. Déficit
que el gobierno quiere combatir para acoplarse a las directrices de la UE dirigida por el binomio
Merkel/Sarkozy. Otra opción sería aplazar los pagos en diez o quince años más,
aunque esto añadiría los costes de financiación y haría aumentar el precio
final de las armas a precios inverosímiles (40 o 50.000 millones).
Cómo reducir el déficit y el
endeudamiento
Ante
la grave situación económica por la que atraviesa España y de manera muy
especial las cuentas del Estado, si se quieren sanear las cuentas públicas a
base de reducir el déficit y el endeudamiento, una de las soluciones pasaría
por reducir el gasto militar. Cómo hacerlo es sencillo, lo que se requiere es
honestidad para explicar a la población los peligros y amenazas que se ciernen
sobre nuestro Estado para mantener ese enorme gasto. Y una vez determinada de
dónde procede la inseguridad, se debe explicar si es necesario mantener unas
fuerzas armadas de 130.00 efectivos.
Una
cuestión principal sobre las amenazas –que no vamos a analizar aquí– es abordar
los contingentes actuales de las fuerzas armadas de nuestros socios en el
interior de la UE,
que aproximadamente rondan los dos millones de soldados. Y al respecto recordar
que la UE, aunque
lentamente, camina hacia la unidad política y, aunque en precario, ha
construido una política exterior y de seguridad común que requerirá de un euroejército
que, aun en estado embrionario, ya se está empezando a construir. Por
tanto, ¿no tendríamos suficiente con 200.000 o estirando, quizás 500.000
soldados para toda la UE?
¿Para qué queremos el millón y medio que sobran?
Si
Europa tiene un exceso de fuerzas armadas y Alemania e Italia ya han anunciado
que las van a reducir, ¿por qué el Estado español no sigue ese camino? Debería
iniciarse el estudio de una reducción de los efectivos pensando en el conjunto
de la UE, y
empezar un plan de ajuste de las plantillas. ¿Para qué necesita España un
ejército de 130.000 soldados? ¿Es qué con la mitad o una tercera parte no
tendríamos suficientes? Tampoco se trata de engrosar el número de parados y
arrojar al desempleo a miles de profesionales militares, pero se podría poner
en marcha un estudio acompañado de un ajuste para pasar muchos mandos militares
a la reserva y a los soldados recolocándolos en la función pública.
Otro
aspecto sería anular los grandes contratos en armas (PEAS). Unas armas que como
dijo poco antes de despedirse del gobierno el anterior Secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez: “no deberíamos haber adquirido sistemas que no
vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero
que no teníamos entonces ni ahora”. Es decir, esas armas no sirven para nada. Y
eso es cierto, los aviones Eurofighter, los helicópteros Tigre, los blindados
Leopardo y Pizarro y la mayoría de los buques de guerra no se han desplazado a
los escenarios donde han actuado las fuerzas armadas españolas (Afganistán,
Líbano o Libia). Es decir, no han entrado nunca en combate y, en el mejor de
los casos, acaban su vida útil sin ser utilizados jamás (más allá de las
maniobras, claro). Hace falta una combinación de estrategias políticas,
industriales y económicas para acometer esta tarea, pues las industrias militares
esgrimirían los contratos y demandarían compensaciones, además de iniciar una
reducción de las plantillas o amenazar con el cierre de las empresas. Este plan
de ajuste debería ir acompañado de estudios de conversión de la industria
militar hacia el ámbito de producción de bienes civiles. Unos planes de
conversión que deberían implicar al máximo de agentes sociales y políticos
posibles: gobierno local, autonómico y estatal, colegios profesionales y
sindicatos. Ese amplio consenso podría buscar salidas a estas industrias, y
desde luego, resultaría menos gravoso que hacer frente a la producción de unas
armas que no tienen ninguna utilidad social.
Además,
si se acometiera la supresión de los PEAS, permitiría acabar con las ayudas en
I+D militar y ahorrar otros mil millones de euros que, cada año se han ido
entregado a las empresas militares para desarrollar esas armas.
Un
cuarto ámbito para reducir el gasto militar sería retirar nuestras tropas del
exterior para ahorrarnos los 860 millones de euros que cuesta anualmente su
desplazamiento. Por mucho que se repita, es falso que proporcione seguridad a
la población española, si acaso obedecen a los designios de la política
exterior de nuestro gobierno, o mejor dicho, al prestigio que otorga a los
ministros de exteriores, defensa y al propio Presidente tener fuerzas armadas
desplazadas en diferentes puntos del planeta, pues ello les permite codearse
con cancilleres y sentarse en los foros internacionales.
La
última razón y no de menor calado es de tipo económico: la ineficiencia que
rodea la producción de armamento debido a los costes de oportunidad, al dedicar
unos recursos que son escasos a producir armas en vez de bienes y servicios de
la economía productiva. Desde el punto de vista del gasto público ocurre lo
mismo, ya que invertir en adquirir armamentos representa retraer recursos de
partidas que soportan el estado de bienestar (sanidad, educación y servicios
sociales), o de aquellas otras que impulsan el desarrollo (industria,
investigación civil (I+D), obra pública…).
Todas
estas medidas: reducción de efectivos de las fuerzas armadas, anular los
contratos de los grandes Programas Especiales de Armamentos, eliminar la I+D militar, y reducir la
presencia de fuerzas armadas españolas en el exterior, serían unas medidas que
permitirían ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de euros anuales, que a buen
seguro ayudarían a la hacienda pública a salir del endeudamiento y el déficit
público. Reducir el gasto militar sería un paso para permitir que la economía española
empezara a salir de la crisis en que ahora está sumergida.
Pere Ortega, Centro
Delàs de Estudios por la Paz
(Justícia i Pau)
Fuente: http://www.centredelas.org
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