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| Embajada de España ante el Estado Vaticano |
Entre
exenciones fiscales, subvenciones, transferencias anticipadas a cuenta del 0,7%
del IRPF, sueldos y compensaciones al culto y clero, la Iglesia Católica
recibió unos 9.000 millones de euros del Estado el 2011, tercer año de la
depresión. Es la estimación que consignó el dirigente de Izquierda Unida, Cayo Lara, en una pregunta al
Gobierno sobre el trato de favor a la cúpula episcopal. La pregunta fue
contestada pro forma: todo está en los acuerdos y los Acuerdos con la Santa Sede son
sagrados. Ahora el PSOE anuncia “una
ofensiva parlamentaria para que el Gobierno aclare el coste de los privilegios
de la Iglesia”.
La iniciativa responde a un mandato del último congreso del partido, que eligió
a Alfredo Pérez Rubalcaba
como secretario general y reclamó la revisión de los acuerdos con el Vaticano.
De
un partido que ha ejercido el gobierno hasta hace un año se esperaba
cierta profundidad relacionada con los millones de euros que, año tras año, el
Ejecutivo entrega directamente a la
Iglesia de Roma sin fiscalización ni control del Parlamento
español, de la
Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas del
Reino, órgano carpetovetónico, de cámara lenta y agua pasada. Pero ni una
alusión a esas entregas de dinero opaco, sin fiscalización oficial, que algunas
fuentes estiman en no menos de tres millones de euros al año, aparece en la
iniciativa socialista.
¿Cuál es el destino de los recursos que obtiene el Ministerio de Asuntos
Exteriores, a través de su embajador ante la Santa Sede, por
el patrimonio inmobiliario español a nombre de la Obra Pía, situado en
“la almendra” de la ciudad de
Roma? Estamos hablando de cuarenta edificios con 190 viviendas, 67 bajos
comerciales, varias oficinas, locales y garajes en el corazón de la capital
italiana (Plaza Nabona y Plaza de España), una de las zonas más cotizadas de
Europa, en la que el alquiler de una vivienda frisa los 6.000 euros mensuales.
El secreto envuelve las normas de funcionamiento de la famosa Obra Pía en Roma. Las que dictó el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer en 1940 y las que actualizó Josep Piqué en 2001 como ministro de Asuntos Exteriores de Aznar se han clasificado como secreto de Estado. La fundación canónica Obra Pía que cubre el valioso patrimonio de la época imperial, salvado en el siglo XIX por la Corona española de la desamortización de Garibaldi, ni siquiera ha tenido personalidad jurídica ni ha estado registrada como fundación eclesiástica en España. La administración del patrimonio es ejercida por el embajador ante la Santa Sede con una junta de funcionarios y tres sacerdotes.
El corresponsal
diplomático del diario El País,
Pere Egurbide,
fallecido en junio de 2007, explicó en su día cómo el embajador español ante el
Vaticano gozaba de una situación privilegiada como administrador del cuantioso
patrimonio y era, por ello, uno de los más cortejados socialmente en Roma,
donde nunca faltaban un cardenal, una princesa o un senador en busca de un piso
céntrico, noble y barato para sí, para un amigo o para una sobrina que se casa.
El poder
inmobiliario y la capacidad de hacer favores contribuye a explicar en cierto
modo que la sucesora del exalcalde de A Coruña, el vaticanista del PSOE Francisco Vázquez, en la embajada
ante la Santa Sede,
la diplomática María Figa,
permaneciese menos de un año en el cargo; en cuanto el PP llegó al Gobierno,
nombró a una persona de mayor confianza, un diplomático que colaboró con
la dirección del partido, Eduardo
Gutiérrez Sáenz de Buruaga.
Después de la
crisis de favores y enchufes que se vivió al comienzo de la década pasada en la Obra Pía, Exteriores
introdujo cierto orden y el embajador y presidente de la junta de la Obra quedó obligado a
presentar el presupuesto y los resultados anuales al subsecretario del
Ministerio, así como una auditoria externa cada año. Pero la Obra continúa en un limbo
jurídico que impide a la intervención de Hacienda controlar sus cuentas. Y, por
su parte, el Estado italiano no reconoció su personalidad jurídica hasta que, a
mediados de los años noventa, una sentencia derivada de un litigio fiscal se la
otorgó.
A pesar de
que ese régimen puede recordar por un momento el del poblado
chabolista de la Cañada
Real Galiana de Madrid, la Obra Pía es en realidad
una gran agencia inmobiliaria con una recaudación anual de más de seis millones
de euros en alquileres de viviendas y locales comerciales en la zona más
turística de Roma. ¿A quién benefician esos recursos? Descontados los gastos,
¿qué cantidad exacta se entrega anualmente al Papa? El exembajador Vázquez y
antepenúltimo inquilino del Palacio de Monaldeschi, en cuya restauración del
patio principal, escalinata y artesonado, invirtió 700.000 euros, se mostró “orgulloso” de haber establecido unas
normas “garantizando la transparencia”
de la fundación canónica.
En una
entrevista de despedida a la revista católica Vida Nueva, Vázquez dijo que había dotado a fundación
canónica de “una gran salud financiera”,
con más reservas que presupuesto, lo que le permitía cumplir sus fines que son,
dijo, atender las necesidades de la
Iglesia española en Roma y formar a los eclesiásticos
españoles que van a estudiar a Roma. “Estoy,
además, particularmente orgulloso de haber creado una residencia para los
sacerdotes jubilados en esta capital”, concluyó. Sin embargo, no
desveló las entregas que le tocó realizar al Vaticano.
Ahora la “ofensiva parlamentaria” del PSOE deja
al margen el proceloso asunto y se concreta en una docena de preguntas, a cargo
del diputado por Navarra y hombre de confianza de Rubalcaba, Juan Moscoso, sobre el coste fiscal
anual de las actividades exentas de impuestos como las publicaciones
eclesiásticas, la enseñanza en seminarios o universidades de la Iglesia y la adquisición
de objetos destinados al culto.
También quiere
que el Gobierno calcule el coste que supone la exención total y permanente de la Contribución Territorial
Urbana de los inmuebles de la
Iglesia como templos, capillas, locales destinados a la
actividad pastoral, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas de la Curia diocesana y
parroquiales, seminarios para la formación del clero, universidades
eclesiásticas y casas o conventos de las órdenes y congregaciones religiosas.
Lo mismo sucede en el caso de los impuestos sobre la renta y el patrimonio y
los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones.
El diputado y
portavoz para la Unión
Europea cree llegada la hora de “revisar los Acuerdos con el Vaticano porque no tiene justificación la
exención fiscal en tiempo de crisis y porque los tiempos han cambiado y ha
llegado el momento de que la
Iglesia se autofinancie como el resto de confesiones y como
sucede con otras religiones en los países desarrollados”.
Moscoso también
se interesa por el “cobro arbitrario”
de entradas que practica la
Iglesia Católica en edificios del patrimonio histórico,
artístico y documental que son sostenidos con fondos públicos. Pide el detalle
del presupuesto anual del Vicario General Castrense, sus nóminas y gastos.
Recaba el número de religiosos que prestan asistencia en las cárceles y los
hospitales, y su presupuesto. Y solicita la cifra de profesores de religión,
cuántas horas lectivas se dedican a la enseñanza de esta asignatura y cual es
su coste. “Parece mentira –concluye– que
este Gobierno privatice la salud del cuerpo y, sin embargo, mantenga con fondos
públicos la salud del alma; no tiene ningún sentido que la Iglesia subcontrate la
educación religiosa en el Estado y, encima, sufragada por todos los ciudadanos”
LUIS DíEZ | 25 de enero de 2013
Fuente: http://www.cuartopoder.es
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