Hay fosas abiertas —casi 300 desde el año 2000—,
fosas pendientes de exhumar —al menos 1.200—, y una cerrada con un candado.
Está en Pedrotoro (Ciudad Rodrigo, Salamanca) y es la propietaria del terreno
quien lo ha puesto. Exige a la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, que busca allí
los restos de entre 15 y 20 fusilados, una fianza de 600 euros. El arrendatario
de la finca, de la misma familia, otros 1.000 como indemnización por daños. Los
arqueólogos empezaron a cavar, pero no les dio tiempo a encontrar la fosa.
Ahora la exhumación está paralizada. El subdelegado del Gobierno en Salamanca,
Javier Galán (PP), ha pedido a la
Abogacía del Estado que le diga “qué procede hacer” después
de que el juez de Ciudad Rodrigo, al que acudieron los familiares de las
víctimas, dijese en un auto que eran “las autoridades administrativas” quienes
deben resolver el problema.
N. M., la propietaria, se enfada cuando este
diario le pide su versión. “¡Le he pedido a un técnico agrario que me evalúe
los daños y los he denunciado a la Guardia Civil!”.
El subdelegado del Gobierno en Salamanca, que se
reunió con la asociación, sigue aconsejando a las partes que lleguen a un
acuerdo. “Da un poco de vergüenza el asunto del dinero en un tema tan
sensible”, admite Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica,
no recuerda un caso así. “Es de una falta de humanidad brutal. No están
buscando oro, sino restos de fusilados. Y lo que pide esta señora es como un
rescate. Tiene secuestrado a un grupo de desaparecidos del franquismo”. De
hecho, explica, para la mayoría de propietarios de fincas en las que hay fosas
de la Guerra Civil,
"es un alivio que vayamos a exhumarlos". Así ocurrió recientemente en
Espinosa de los Monteros (Burgos), donde el comprador de un chalé en cuyo
jardín yacían los restos de 12 fusilados en 1936, permitió a los arqueólogos
trabajar durante varios días.
En ese grupo de desaparecidos, la asociación
Salamanca por la Memoria
y la Justicia
busca a ocho hombres detenidos por falangistas, ingresados en 1936
en la cárcel de partido de Ciudad Rodrigo y "puestos en libertad" sin
que sus familias volvieran a saber de ellos. La asociación cree que en este
paraje de Pedrotoro podrían estar los restos de Gertrudis Sánchez, La Gaona, una mujer a
la que torturaron y fusilaron al principio de la Guerra Civil. Los
falangistas también mataron a dos de sus hijos.
Fuente: el pais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario