La última reforma financiera en España aprobada el pasado 31 de agosto aporta varias novedades. Además de más exigencias para los bancos y de incrementar la protección a los pequeños inversores, incluye la creación de una nueva figura financiera: el denominado banco malo. Al igual que en otros países como Irlanda, aquí dentro de pocos meses comenzará a operar una sociedad público-privada que se encargará de gestionar los activos "tóxicos" o problemáticos que tienen ahora los bancos en balance, en su mayoría activos inmobiliarios. El objetivo es aliviar la carga de las entidades financieras para propiciar su salida de la crisis. Su buen funcionamiento será crucial para la posterior evolución de nuestra economía. Además, si va mal, el contribuyente se verá afectado, ya que un 50% del capital de la sociedad será público. En el siguiente artículo se resuelven todas las dudas en torno al banco malo.
¿Qué es?
El banco malo será una sociedad que gestione los activos ajenos al
puro negocio bancario (sobre todo inmobiliarios) de los que las entidades se
están mostrando incapaces de desprenderse. Es decir, podría definirse
como una sociedad financiero-inmobiliaria que gestionará únicamente activos
problemáticos de la banca.
Los cálculos iniciales apuntan que la sociedad albergará en torno a 180.000
millones de euros en activos problemáticos inmobiliarios.
¿Qué tipo de activos acogerá?
El llamado banco malo absorberá los activos adjudicados por impago
de deuda (pisos y suelo) y los créditos problemáticos ligados al promotor.
Este tipo de inmuebles y préstamos son calificados como lo más tóxico del
sector y lo que está lastrando las actuales cuentas de la banca.
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía negocian con la Unión Europea la
posibilidad de incluir créditos dudosos a otros sectores, como el consumo. De
aprobarse así, el banco malo creará sociedades o fondos para separar diferentes
carteras por tipos de activo y atraer así a inversores específicos.
¿Cómo funcionará?
La misión del banco malo será tomar los activos tóxicos de los bancos
nacionalizados (promociones de pisos, suelo, créditos morosos...), por
los que pagará a las entidades con dinero en efectivo, deuda o acciones,
para más tarde venderlos.
Para los bancos afectados, esta institución servirá de balón de oxígeno,
porque conseguirán liquidez por activos que hoy no pueden vender o acciones de
la sociedad. Por su parte, para el banco malo, el negocio estará en la
posible venta de los activos a un mayor precio.
La clave del éxito radicará en el precio de venta que ponga el banco malo a
los activos segregados. Para que la sociedad sea rentable, el precio deberá ser
lo suficientemente atractivo para los potenciales inversores. Los solares o el
suelo urbano y rústico figuran entre los activos que mayores descuentos podrían
presentar, ya que en la actualidad pocos promotores están dispuestos a
desarrollar proyectos interesantes.
En principio, el banco malo contará con un plazo de entre 10 y 15
años para vender el "ladrillo" de las entidades que hayan recibido
dinero público.
¿De quién dependerá el banco malo?
Tendrá una participación máxima del Estado del 50%, lo que
hace deducir que el otro 50% del capital estará en manos privadas. Y es que
aunque los bancos reciban deuda de la sociedad, no podrán computar como
inversores privados, porque figurarán dentro del máximo 50% que pertenecerá al
Estado.
El Gobierno, de hecho, ha abierto la puerta a la posibilidad de dar
incentivos fiscales a quien quiera participar en el capital de esta entidad. Es
posible también que el Fondo de Garantía de Depósitos pueda entrar en el
accionariado.
Los bancos más solventes (españoles o internacionales) son potenciales
inversores privados del banco malo, al igual que sociedades inmobiliarias
saneadas o grandes fondos de inversión internacionales.
¿Cuándo comenzará a operar?
El Ministerio de Economía tiene hasta finales de noviembre para culminar la
regulación. Antes del 30 de noviembre, el denominado banco malo tendrá
que haber captado capital suficiente como para cubrir la mitad de los
activos que traspasen las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia
Banca, Catalunya Caixa y Banco de Valencia).
¿De qué manera afecta al ciudadano?
Una de las mayores pegas del banco malo es que no resulte una
sociedad solvente. En ese caso, el contribuyente se verá afectado, ya
que un 50% del capital con el que se cree procederá de fondos públicos. Si con
el tiempo (tiene 15 años para operar) se muestra rentable, podría redundar en bajadas
de impuestos o mejoras en ámbitos claves del Estado del Bienestar, como sanidad
o educación.
Su no rentabilidad, por su parte, sería un indicio de debilidad económica,
lo que no pasará de largo al pequeño ahorrador.
¿Cómo se valorarán los activos?
Una de las cuestiones más peliagudas y que todavía falta por conocer es cómo
se hará la valoración de los activos que pasarán al banco malo. En
principio, el Banco de España se encargará de fijar el precio de transferencia
de los activos basándose en los informes de expertos independientes. Cuanto
mayor sea el descuento aplicado respecto al valor en libros, mayor será el
agujero para la entidad que los transfiere.
Si se toma como referencia la segunda reforma financiera anunciada en España
a principios de año, para efectuar la valoración se aplicarán descuentos del 80%
para el suelo, del 65% para promociones en curso y del 35% para vivienda
terminada.
El precio de traspaso es clave porque la nueva sociedad comprará activos
cuyo precio actual en el mercado es muy inferior al que figura en los balances
de los bancos, debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Si el banco malo
los compra caros, puede perder dinero al intentar venderlos. Sin embargo, si
los compra demasiado baratos, será perjudicial para las entidades que los
transfieren, ya que tendrían que asumir pérdidas por su venta.
¿Cómo se financiará?
El banco malo se financiará mediante el lanzamiento de emisiones de
deuda, que podrán comprar en el mercado todo tipo de inversores. Al estar participada en un 50% por el
Estado, en realidad, se nutrirá de las aportaciones de todos los contribuyentes.
Hay que tener en cuenta, además, que la recuperación de la inversión pública
dependerá de la capacidad de esta nueva sociedad para obtener beneficios, algo
difícil en la situación actual. En cualquier caso, su diseño se hará teniendo
en cuenta criterios de rentabilidad, para poder así atraer al capital privado.
Por GRACIA TERRÓN
Fuente: http://www.consumer.es
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