Fuente: El Jueves |
Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja
inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas
que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y
el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió
enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con
los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las
reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a
sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo
urbanístico”.
Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos
extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no
valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que
muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden
rescatar somos todos nosotros, el dinero público.
Esta es precisamente la esencia de todo el problema actual. Si el banco
quiebra entonces se produce un efecto dominó y los que prestaron a los bancos
españoles no pueden cobrar su dinero. Si el banco es rescatado, entonces los
flujos de dinero seguirán yendo hacia el extranjero al menos durante un tiempo
más (que puede ser infinito mientras sigan produciéndose este tipo de
rescates). Por supuesto estos rescates siempre van acompañados de condiciones,
por más que los ejercicios de retórica del Gobierno pretendan hacer creer lo
contrario. La troika y el Gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a
España sino a los acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países
que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la
burbuja inmobiliaria. Ya ocurrió con Grecia y Portugal.
El banco malo sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo
de dinero que valga algo. Buscan salvar los muebles como puedan, nunca mejor
dicho. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra forma) al vender una
vivienda o suelo por debajo del que la recibió, pero muy por encima de lo que
recibiría si lo quisiera vender ahora mismo a cualquier sujeto económica. Por
esa razón el propietario del banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es,
perdemos todos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una
clarísima transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado. Una
explicación completa y detalla del funcionamiento genérico del banco malo puede leerse aquí.
El coste es inmenso. En primer lugar porque el gobierno asumirá pérdidas en
esas operaciones: comprará las viviendas y suelo muy por encima de lo que ahora
mismo valen y esperará, quién sabe cuanto, a venderlas más adelante. No es
probable (¡ni deseable!) que vuelva una burbuja inmobiliaria, así que las
pérdidas están aseguradas. Pero en segundo lugar porque todas estas medidas no
corrigen los problemas reales de la economía, que son la falta de crecimiento
económico que genere empleo. Más al contrario, aceleran el empobrecimiento de
la economía y llevan a una mayor recesión. El crédito bancario no puede volver
a fluir porque los bancos están absolutamente empantanados con deudas e incluso
aunque no fuese así no tendrían a quien prestar en una economía en recesión.
Pero el plan del memorándum y la troika prosigue porque el objetivo no es crear
empleo sino empobrecer la economía (con objeto de acabar compitiendo con países
como China, con bajos salarios y a través de la exportación). Estas
cuestiones las expliqué con más
detenimiento aquí.
Hay alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata (que
rescate a las personas y no a los bancos) todas pasan por dejar quebrar a los
bancos y nacionalizarlos después. Las viviendas y otros activos inmobiliarios
podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de
alquiler público barato. Las estimaciones del censo de 2011 (que todavía está
realizándose) plantean que en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de
viviendas vacías, muchas de las cuales son propiedad de los bancos. De forma
paralela es conocida la necesidad de vivienda por gran parte de la población,
especialmente joven. Hablamos de un problema que tiene solución técnica, pero
que requiere enfrentar con la radicalidad necesaria a los poderes económicos y
financieros que nos gobiernan sin legitimidad alguna.
El gobierno acredita con esta medida y una vez más que estamos ante una
inmensa estafa y con un plan que responde únicamente a los intereses de los
poderes financieros extranjeros. Este gobierno no se preocupa de los ciudadanos
sino que sólo obedece las órdenes de instancias no democráticas que son las que
realmente mandan. Ausencia de democracia y un gobierno traidor a sus votantes y
a sus ciudadanos.
Alberto Garzón Espinosa – Consejo
Científico de ATTAC España
Fuente: Pijus
Economicus
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