El Estado quitará los bienes comunales de los pueblos

Las juntas vecinales de los pueblos cepedanos, como los de otros puntos de España, perderán las propiedades y comunales en virtud del texto de un anteproyecto de ley aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy el 13 de julio pasado.

Montes comunales, antiguas escuelas, derechos de caza, maderas todo lo que ha sido propiedad comunal dejará de serlo en virtud de un texto que desmantela las juntas vecinales.

Todo eso pasará a ser administrado por otros, probablemente La Junta o la propia Diputación, con lo que no se puede descartar la posibilidad de que se acabe entregando a empresas o particulares para su explotación, mediante algún tipo de acuerdos o convenios. En definitiva, una desamortización de los núcleos rurales para la administración de los bienes por políticos, empresarios o burócratas.

De esta forma, un inmenso pedazo de España va a ser arrancado a sus propietarios, sin justificación, a la vez que se anulan instituciones con más de 2.000 años de funcionamiento, en lo que se perfila como el mayor robo del siglo XXI.

Y ese asalto a lo ajeno se ha producido casi sin escándalo público porque se lleva a cabo en los núcleos rurales, envejecidos y silentes, y a través de una legalidad con la que se quiere aparentar mayor racionalidad. Robo y esquilmación de la historia.

Los núcleos rurales del norte de España han empezado a tomar conciencia del asalto gubernamental y están empezando a realizar asambleas para informar del anteproyecto por la cual se quieren eliminar las competencias de las Juntas Vecinales.

Desde tiempos romanos pervive en estos lugares del norte una institución, el Consilium, traducida en nuestro tiempo al Concejo, que es la asamblea que se reúne periódicamente para regir los asuntos importantes del lugar. Allí se aprueban las cortas de los bosques, los derechos de pastos, de cultivo y de caza, la administración de las propiedades del lugar es un Parlamento del pueblo, en el que cada habitante tiene un voto.

Gobierna la Junta vecinal un presidente, también elegido periódicamente por votación popular. Y esta Junta se encarga de multitud de aspectos de atención a los recursos y necesidades del vecindario. Y cuando hace falta dinero para arreglar algo o para ayudar a alguien se establecen cuotas que todos suscriben.

Todo tiene una base de administración democrática de dos mil años, y que ha servido para defender los derechos de cada uno de los vecinos.

Y ahora vamos a otro capítulo importante. Todos los recursos comunales pertenecen a todos y se administran por todos. Los campos se distribuyen equitativamente entre quienes quieren trabajarlos, igual que las maderas o los derechos de pasto y se exponen anualmente todos los detalles de la explotación.

Coexiste así en el campo una explotación privada, de origen latino, con unas exploraciones públicas, de marcada influencia germánica (invasiones bárbaras) lo que da a los pueblo un elevado equilibrio social. Un campesino puede que no tenga muchos terrenos privados, pero de lo público le corresponde una parte igual que a cualquier otro. De hecho, las partes se distribuyen por una comisión, se numeran y se entregan por sorteo.

Pues este sistema milenario, democrático e igualitario de reparto de bienes se acaba por una normativa que ha propuesto el Gobierno Español este mes de julio y que dada la mayoría existente del Partido Popular- puede ser aprobada sin modificación alguna.

A los ya menguantes lugares del campo español, les quitarán ahora las casas comunales (antiguas escuelas, sede del concejo, etc.) les quitan los campos comunales, los pastos, los derechos de caza, los bosques. Robar al pobre para engrosar los bolsillos del rico o del burócrata.

Entre los más indignados se comenta que no es extraño que de proseguir este asalto, proliferen aún más los incendios. Mucha gente opina que hay que calcinar las tierras antes que entregarlas a los ladrones disfrazados de burócratas.

 
Fuente: http://tuitformacion.com


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