Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo
malestar que experimenta ante la situación de deterioro político,
económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de
naufragar.
No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos
hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20
de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna
de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de
resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa
que agudizarla aún más.
El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y
laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa,
sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve
sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la
población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de
las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más
ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta
situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y
hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un
sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda
animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los
ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación,
afrontamos un serio y creciente riesgo de desafección democrática -como
ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-.
Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las
instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe
entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña
electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la
actividad política y en la relación que instituciones y formaciones
políticas establecen con los ciudadanos.
Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española,
que establece que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia
podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”,
reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los
recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida
cotidiana de sus habitantes.
Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que
los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que
ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que
se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se
hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si
los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento
del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales,
sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, entre los
que figura la atención a la dependenia, sobre el incremento de los
impuestos, sobre la reducción de salario y pérdida de empleo en las
administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia,
sobre la reducción de las prestaciones por desempleo… Esos son los
temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados
por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de
opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó
hace un año.
No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante
democrático debería temer las consultas populares, y además, existen
precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a
contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum
la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una
decisión política de especial trascendencia que no había figurado
previamente en su programa electoral.
Volvemos a encontrarnos ante “decisiones políticas de especial
trascendencia”, ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de
derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces
los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie
debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las
modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a
esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos
los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre
ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted
preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda
expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para
superar la crisis.
Octubre 2012
http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/menu.do?Inicio:403433
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