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| Imagen del grupo de personas que ha acampado a la entrada de la sede de Bankia en la calle Celenque de Madrid para protestar contra los desahucios de los que son víctimas y reclamar la regulación de la dación en pago . / Kiko Huesca (Efe) |
Los jueces han estallado contra la injusticia de los desahucios. Sin necesidad de ser licenciado en cucología, se podía observar desde hace tiempo el disgusto con el que muchos aplican unas leyes que, al decir del magistrado José Antonio Martín Pallin, “emanan de los consejos de administración”
de las promotoras y los bancos. Desde el comienzo de la crisis se han
visto obligados a tramitar 350.000 desahucios, la mayoría contra
familias trabajadoras. Las quejas de sus señorías contra la flagrante
injusticia de la normativa hipotecaria llevó hace ocho meses al Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) a encargar un informe cuyo resultado conoció el pleno ayer, aunque evitó su discusión, y constituye una critica muy seria de los abusos del sistema.
Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Castellón José Manuel Marco Cos, Emilio Vives Reus y Rafael Giménez Ramón archivaron un recurso de ejecución hipotecaria planteado por Bankia
contra don FGS y doña BNG quienes debían 92.996,49 euros de un préstamo
hipotecario de 214.881 que en 2006 les concedió Bancaja para comprar su
vivienda. La razón de esa decisión estriba en que Bankia no había
registrado notarialmente esa propiedad tras la fusión de varias cajas de
ahorros, entre ellas Bancaja, en la nueva entidad. La sentencia
reconoce a Bankia la condición de acreedor del préstamo impagado, pero
no la legitimidad para que se pueda ejecutar un procedimiento
hipotecario.
La resolución de los magistrados puso los pelos de punta a los
gabinetes jurídicos de las poderosas entidades de crédito porque crea
jurisprudencia y puede afectar positivamente a miles de familias en
estado de necesidad que poseen créditos hipotecarios de cajas de ahorros
fusionadas. Indica además que numerosos magistrados están dispuestos a
atajar por cualquier resquicio los abusos del sistema hipotecario. No es
que se hayan vuelto revolucionarios ni hecho de Batasuna, como, según
el ministro Wert, ha ocurrido con los padres y los
alumnos que defienden la enseñanza pública. Simplemente, según fuentes
del CGPJ, es que son conscientes del drama humano de los desahuciados y
si en otro tiempo acuñaron el “hurto famélico” para no aplicar
la pena de muerte a quienes incurrieran en tres casos de robo de
bellotas, como disponía la ley, ahora estallan de indignación ante los
desahucios.
A partir del principio “rebus sic stantibus” que indica que
los contratos no pueden tener las mismas condiciones cuando por causas
ajenas –crisis económica general, catástrofes, guerras…– la realidad ha
cambiado drástricamente, los siete magistrados que han elaborado el
informe encargado por el CGPJ reclaman una modificación a fondo de la
normativa y destacan que situaciones excepcionales, como la que vive la
economía española, requieren “soluciones excepcionales”. En este sentido aportan un amplio catálogo de medidas, entre ellas, la “dación en pago”, las moratorias y que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los “sobreendeudados de buena fe”
que por efecto de la crisis y el paro no pueden pagar las cuotas de la
hipoteca de su vivienda, en mucho casos el único bien que poseen
.
Los ponentes — jueces de distintos puntos y magistrados de audiencias territoriales, coordinados por el vocal del CGPJ Manuel Almenar– denuncian la “ligereza
y mala praxis de las entidades bancarias, cuando no, las prácticas
comerciales torticeras (caso de las participaciones preferentes)” y proponen que el punto de partida para proteger a las familias sea “la
extensión al cliente sobreendeudado (obviamente, siempre que lo sea de
buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del
Estado, pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la
pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional
(que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.
Con meridiana claridad exponen cómo la banca ha jugado con una “importante ventaja”
sobre el deudor, cual es un procedimiento privilegiado de ejecución de
los créditos hipotecarios, creado en 1905, que le permite cobrar sus
deudas de forma rápida. Se trata, dicen, de un proceso “extremadamente agresivo”
contra el deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de
mayor eficacia incluso que una sentencia, ya que las posibilidades del
deudor de oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de
una sentencia judicial. De hecho, los desahucios se realizan
automáticamente sin más requisito que la notificación del secretario
judicial. En su riguroso informe de más de ochenta páginas, los
ponentes ofrecen alternativas legales e instan a los legisladores a
modificar la normativa.
Mientras, los activistas del 15-M y las plataformas de afectados por los desahucios siguen recogiendo firmas para su Iniciativa Legislativa Popular.
Y el PSOE registrará este jueves una proposición de Ley contra el
desahucio, una vez constatada la inutilidad del código de buenas
prácticas bancarias que promovió al comienzo de este año el ministro de
Economía, Luis de Guindos, para que las entidades de
crédito se adhirieran voluntariamente. Tal ha sido su efecto que, según
datos judiciales, los procedimientos de desahucio han aumentado un 20%
en lo que llevamos de año.
LUIS DíEZ
Fuente: http://www.cuartopoder.es
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