La última sorpresa del ‘partido del pueblo’ ha sido la publicación en
el BOE de una ley que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia. Según el ex-centrista Gallardón, las tasas judiciales se crean para
“desatascar los juzgados” y sin “afán recaudatorio”, aunque abogados, fiscales
y jueces las consideran anticonstitucionales, se han manifestado en su contra
en las calles de varias ciudades y han pedido la dimisión de Alberto
Ruiz-Gallardón.
Comunicado de FACUA
Los ‘populares’ se han dado prisa en
defender el gallardonazo asegurando que lo que se recaude con estas
tasas garantizará “la asistencia judicial gratuita a los ciudadanos que menos
tienen" y solo se aplicarán a los ciudadanos que dispongan de "más
recursos”.
El PP se empecina en el carácter ‘social’ del tasazo
Sin embargo, el PP, erre que erre, insiste en la
‘bondad’ de las nuevas tasas y asegura que se reembolsarán cuando “los
tribunales den la razón a quien inició el procedimiento", pero no explican
que solo quienes tengan dinero suficiente para pleitear serán quienes se
beneficien del hipotético reembolso.
También dicen los ‘populares’ que quienes
"realmente no tienen recursos" quedarán exentos de pagar las tasas
para que "no se vulnere" su derecho de acceso a la Justicia.
Pero de nuevo, FACUA les desmonta sus falacias
‘sociales’ al aclarar que solo se beneficiarán de esta exención quienes ganen
menos de 15.975 euros anuales. Es decir, que según los ingresos medios de las
unidades familiares donde aun se trabaja, estas tasas se han diseñado para
exprimir aun más las extenuadas ubres de las clases medias hasta hacerlas
desaparecer.
Exprimir a muchos en beneficio de pocos
La nefasta gestión de una derecha que parece gobernar solo en
beneficio de una oligarquía y no del ‘pueblo’ (de quien dicen ser su
‘partido’), ha conseguido que un nuevo derecho social deje de ser asequible a
todos. Es como si desmantelar el estado del bienestar fuera el objetivo
prioritario de esos neoliberales que dicen ser de centro.
Desde
hace un año, en España se gobierna a golpe de decretos-leyes que merman los
derechos y el bienestar que tantos años y sufrimientos han costado. Y
precisamente en este contexto, agravado por una crisis económica global, el gallardonazo
propone una jugada perfecta: elaborar nuevas leyes para que los pobres no
puedan denunciar ante la justicia los tejemanejes de quienes se benefician de
una política neoliberal y nepotista.
¿Quien protegerá a los pobres
de nepotismos y corruptelas institucionales?
Pongamos
un ejemplo: el Ayuntamiento de
Madrid de la señora de Aznar está a punto de desalojar (en diciembre) a 120
familias que viven de alquiler desde hace décadas en edificios de protección
oficial del centro de la ciudad. La idea es vender los inmuebles a buen precio
a una empresa con problemas de solvencia en la que —‘casualmente’ según la
alcaldía— ejerce como consejero el marido de María Dolores de Cospedal.
Todo
apunta a que, con el veto económico de acceso a la justicia, los poderosos van
a gozar de una impunidad aun mayor que la que ahora respalda sus fechorías. Y a
quien no le parezca bien, si tiene dinero que pleitee contra ellos y si no, que
se aguante.
Acabar
con la clase media
Privar
de tantos derechos a la población evoca el recuerdo de ciertos partidos totalitarios
que utilizaron la democracia para acceder al poder mediante unas urnas que
luego prohibieron.
Así,
la proliferación en Europa de grupos neofascistas es un hecho que preocupa
tanto como que, quienes dicen ser demócratas, utilicen unas estrategias de
gobierno sospechosamente parecidas a las que la extrema derecha aplicaría si
pudiera hacerlo.
La actual legislación hipotecaria y los desahucios en masa
han conseguido que la gente empiece a suicidarse; los recortes a la sanidad y a
las ayudas a la dependencia podrían aumentar las tasas de morbimortalidad de
los grupos poblacionales más afectados, y con las implantación de
las tasas judiciales, quienes no puedan acudir a la justicia tal vez
protagonicen una oleada de acciones de ‘justicia alternativa’ al recurrir a la Ley del Talión y no al Código
Civil o Penal.
Se está estrujando a las clases medias mientras los políticos y los ricos viven en un mundo aparte, muy por encima las posibilidades de quienes sufragamos su buena vida. Tanto es así que parece inevitable que se desencadenen acciones para detener una espiral de locura que lleva a muchos a decir: “Si somos millones y ellos apenas unos miles, si somos más decentes y nos ampara la fuerza de la razón, ¿Porque tenerles miedo entonces? ¿Por qué permitir que nos sigan controlando”.
A
modo de despedida, una sonrisa
Como es sabido, a los políticos les encantan los
eufemismos y también los sinónimos. Por ello, y siendo que a un ministerio se
le conoce también como ‘cartera’ ¿no deberíamos llamar ‘carteristas’ a
los ministros que dictan leyes destinadas a vaciar sin piedad el bolsillo de
los contribuyentes?
Alberto Soler Montagud
Fuente: http://lainfinitaespiral.blogspot.com.es
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